Aprobada la ley que permitirá cazar en Castilla y León pese a la paralización judicial

El mundo rural de Castilla y León no se entiende sin la actividad cinegética» y se podrá cazar en la Comunidad. La modificación de la Ley de Caza (de 1996) aprobada ayer por las Cortes permitirá que cuando en abril se abra la temporada, los aficionados puedan hacerlo. Es la vía encontrada para sortear el escollo a la práctica de una actividad de la que depende la subsistencia de muchos pueblos en una región eminentemente rural tras el revés en forma de paralización cautelar decidida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante el recurso de los ecologistas de Pacma.

Sin votos en contra, debido a la ausencia por enfermedad del único procurador de IU-Equo, José Sarrión, y con la abstención de Podemos, la proposición de ley impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos sumó también el apoyo del parlamentario de UPL, para dar vía libre a un texto con el que, en principio, se blinda la actividad cinegética de otro recurso por parte de los ecologistas. Y es que, coincidieron sus señorías, es mucho más que una práctica deportiva que es la tercera que más licencias suma en Castilla y León, tras el fútbol y el baloncesto. «Cuestionar la caza es cuestionar la riqueza de nuestro mundo rural» y también «la supervivencia del mundo rural», advirtió el popular Salvador Cruz en la defensa de la que fue la última iniciativa debatida y aprobada por las Cortes en el pleno con el que ayer se cerró la legislatura.

«Sólo los que no conocen la realidad del mundo rural de Castilla y León pueden poner en cuestión la actividad cinegética», cuestionó Cruz, quien también censuró los «prejuicios» de la decisión judicial, de la que advirtió no es una sentencia firme, sino un auto. «Jamás pensé que íbamos a finalizar la legislatura» con una iniciativa para «garantizar» la caza, una práctica que se lleva a cabo desde los «orígenes» de la humanidad, señaló el popular, quien agradeció el «ejercicio de responsabilidad» demostrado por los partidos para sacar adelante la modificación legal. Se ha hecho «lo correcto para defender la caza» sostuvo Cruz, aficionado a esa práctica, según reconoció. Una actividad «sin la que el mundo rural de Castilla y León no se puede entender», incidió, además de recordar las repercusiones sobre las enfermedades animales, la siniestralidad o los «problemas económicos» para las arcas municipales que su anulación tendría.

Unos argumentos en los que coincidieron PSOE y Cs, que también apoyaron la iniciativa, aunque con sus matices. Y es que según el socialista José Luis Aceves su «sí» al texto se debió a un ejercicio de «responsabilidad» en pro de los «intereses» de Castilla y León y del medio rural, y dejó claro que su apoyo «no significa para nada que amparen las políticas del PP». Pero, apostilló, es «un parche» que deberá corregirse con una «nueva ley de caza» la próxima legislatura que nazca del «consenso» y «genere certidumbre» a un sector que mueve 500 millones de euros anuales, genera 8.000 empleos y suponer el 13% del PIB agroalimentario.

Primera ley

De hecho, finalizado el pleno y ya en los pasillos y en conversación con representantes del sector cinegético y las organizaciones agrarias, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, encargó al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que lo deje «todo preparado» que sea la «primera» ley que se apruebe.

«La caza, como el mundo rural, hay que defenderla desde nuestros pueblos», reclamó José Ignacio Delgado (Cs), quien, recurriendo a las palabras del escritor y aficionado a esta práctica Miguel Delibes, recordó que «todo es compatible con una buena protección, análisis y equilibrio». Además, incidió en la importancia para la «subsistencia» del mundo rural y «fundamental» para «frenar» la despoblación.

También sí por lo que «representa» la actividad cinegética, pero dejando claro que no para «blanquear» la gestión de la Consejería por parte de Luis Mariano Santos (UPL). Y abstención de Podemos, que censuró que la «principal responsabilidad» de la paralización cautelar es la Junta por no haber sido capaz de legislar «de forma adecuada, no cumplir las sentencias y no realizar estudios adecuados».

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